Observatorio
El absentismo en España
Radiografía del fenómeno y de su coste, y dimensionamiento de la baja injustificada. Extracto del estudio «Absentismo laboral y bajas injustificadas en España» (Emplea Seguro, agosto 2026).
El problema
España pierde el 7,6% de sus horas pactadas y casi el doble de semanas que la media europea. Este bloque dimensiona el fenómeno, su coste total y la factura anual de cada empresa tipo.
1. Magnitud e incidencia
Cada día laborable, en promedio, cerca de 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto en España, como si la población ocupada de una comunidad autónoma mediana faltara al trabajo de forma permanente (Randstad Research, 1T-2026). La tasa de absentismo cerró 2025 en el 7,6% de las horas pactadas, máximo histórico de una serie que arrancó en el 3,7% en el año 2000 y que se situaba por debajo del 5% hace una década (The Adecco Group Institute, XV Informe; Randstad Research sobre ETCL-INE). El primer trimestre de 2026 confirma que el fenómeno no remite: 7,2-7,6% según la fuente.
El componente dominante es la incapacidad temporal (IT), que explica el 78% del absentismo total y marca su propio récord: el 5,95% de las horas pactadas se pierde por bajas médicas. En 2024 se registraron 8,72 millones de procesos de IT por contingencias comunes, con una duración media de 42,6 días (AMAT). La incidencia mensual ha pasado de 24,6 procesos por cada 1.000 afiliados en 2019 a 37,9 en 2025, un aumento del 54% que la pandemia aceleró pero no explica: el nivel nunca ha revertido.
La comparativa internacional sitúa a España en el podio europeo. La tasa española es una media sobre el total de asalariados, se ausenten o no: el 7,6% de las horas pactadas equivale a unas cuatro semanas de trabajo al año por trabajador; la medida armonizada de las encuestas de población activa (OCDE/EU-LFS), que capta todas las ausencias por motivos de salud y pondera a semana completa las bajas largas, la eleva a casi cinco. Con esa misma vara, homogénea entre países, España casi duplica la media de la UE (2,6 semanas).
Semanas perdidas por enfermedad, por trabajador y año
España pierde casi el doble que la media de la UE
- España4,9
- Alemania3,6
- Francia3,6
- Media UE2,6
- Lituania1,5
- Grecia0,6
2. El coste total del absentismo
El coste del absentismo para la economía española alcanzó los 59.109 millones de euros en 2025, un 11,7% más que el año anterior y prácticamente el doble que en 2019 (30.171 M€): ha pasado del 2,4% a más del 3,5% del PIB en seis años (The Adecco Group Institute, XV Informe, jul-2026). Ninguna otra partida de coste laboral ha crecido a ese ritmo.
Coste del absentismo laboral en España (M€ y % del PIB)
La factura se reparte entre tres bolsillos. El Estado: la Seguridad Social gastó 18.413 M€ en prestaciones de IT en 2025 (+11,8%), una partida que ya consume en torno al 10% de los ingresos por cotizaciones y que sigue acelerando en 2026 (+10,3% interanual en el primer semestre). Las empresas: 14.100 M€ de coste directo por la IT por contingencias comunes en 2024, con una estimación de 16.011 M€ para 2025 (+13,6%), que comprende la prestación de los días 4 a 15, los complementos de convenio, las cotizaciones durante toda la baja y los costes de sustitución (AMAT). El resto es coste indirecto y productividad perdida. Si se valora además la pérdida de producción total, el coste asciende a 81.574 M€, un 5,4% del PIB (Umivale Activa-Ivie, con microdatos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social).1
Quién soporta el coste del absentismo (2025)
- Coste directo de las empresas: 16.011 M€ · 27%
- Prestaciones públicas (Seguridad Social): 18.413 M€ · 31%
- Coste indirecto y productividad perdida: 24.685 M€ · 42%
3. Qué le cuesta a una empresa tipo
Trasladado a la cuenta de resultados de una empresa concreta, el coste directo de la IT asciende a 2.459 € por trabajador y año de media: 2.630 € en la pyme y 3.712 € en la gran empresa (PIMEC, sobre datos 2024). Aplicado a la plantilla media de cada segmento, la factura anual de una empresa tipo es la siguiente:2
| Perfil de empresa | Plantilla media (empleados) | Coste directo de la IT por empleado y año | Coste anual estimado |
|---|---|---|---|
| Pequeña (10-49 empleados) | ≈ 20 | 2.630 € | ≈ 52.600 € |
| Mediana (50-249 empleados) | ≈ 100 | 2.630 € | ≈ 263.000 € |
| Grande (250+ empleados) | ≈ 1.190 | 3.712 € | ≈ 4,4 M€ |
Para dimensionar lo que significa: los ≈ 52.600 € anuales que soporta una empresa pequeña de 20 empleados equivalen al coste bruto de dos puestos de trabajo adicionales; en la mediana de 100 empleados, la factura (≈ 263.000 €) supera con frecuencia el beneficio neto de todo el ejercicio. El absentismo figura entre las mayores partidas de coste no gestionadas de la pyme española.
1. El coste total (Adecco, 59.109 M€) valora el coste laboral de las horas no trabajadas; las prestaciones públicas (Seguridad Social) y el coste directo empresarial (AMAT, ITCC) se muestran con sus cifras 2025 del mismo ejercicio; el resto se obtiene por diferencia como aproximación del coste indirecto. Umivale-Ivie (81.574 M€) mide un perímetro más amplio que incluye la pérdida de producción total, por lo que no es comparable con el desglose anterior.
2. Plantillas medias por estrato según Cifras PyME (MINTUR/ipyme, sobre datos de la Seguridad Social, mayo 2026): 19,9 empleados la pequeña, 100,9 la mediana y ≈1.190 la grande. El coste por empleado incluye prestación a cargo de la empresa (días 4-15), complementos de convenio, cotizaciones durante la baja y sustitución, según la metodología PIMEC (feb-2026).
La baja injustificada
Las señales de comportamiento, la triangulación de un coste que nadie mide (1.900 a 5.600 M€ anuales) y por qué la empresa no puede defenderse.
1. Un coste que nadie mide
Dentro del absentismo por IT descrito en el bloque anterior vive un fenómeno que ninguna estadística oficial separa: la baja injustificada. A efectos de este estudio se distinguen tres capas: la baja fraudulenta (la dolencia no existe o es simulada), la prolongación innecesaria (la dolencia existió, pero la ausencia se extiende más allá de la recuperación) y la ausencia evitable sin baja (horas no trabajadas sin justificante médico). Las tres generan el mismo efecto económico: la empresa paga trabajo que no recibe.
No existe una cifra oficial, y la razón es estructural: quienes podrían medirla no publican (el INSS no desglosa los motivos de las altas por inspección, los servicios públicos de salud no auditan sistemáticamente la duración contra estándares clínicos, y las mutuas no pueden verificar la contingencia común más allá de la propuesta de alta). Y quien la sufre, la empresa, tiene vetado el acceso al diagnóstico. Las cifras de esta sección son estimaciones por triangulación: tres métodos independientes, cada uno con supuestos explícitos, que acotan un rango. Ninguna debe leerse como un dato observado.
2. Las señales de comportamiento
La señal más elocuente es la brecha entre regímenes: en 2025, la incidencia mensual de bajas fue de 37,9 procesos por 1.000 en los asalariados del Régimen General y de 10,1 en los autónomos del RETA, casi cuatro veces menos, con el mismo sistema sanitario y el mismo cuadro epidemiológico. La diferencia de fondo es quién soporta el coste de la ausencia: el autónomo se lo paga a sí mismo.
El calendario y la concentración apuntan en la misma dirección: el 46,6% de las bajas se inicia en lunes o martes (frente al ~40% que correspondería por puro reparto del calendario laboral; Asepeyo, cartera real); el 51,3% de los trabajadores con baja son repetidores y concentran el 64,5% de las jornadas perdidas (Umivale Activa-Ivie); y el 25% de los individuos acumula más de la mitad de los episodios (AIReF). La serie temporal añade otra observación: la incidencia se acelera visiblemente a partir de abril de 2023, cuando el parte telemático eliminó la obligación del trabajador de entregar la baja a su empresa (RD 1060/2022).
Y cuando la sospecha se investiga, se confirma: en torno al 90% de las investigaciones de bajas laborales encargadas por empresas termina confirmando la sospecha (sector de la investigación privada, mar-2026; fuentes en el anexo del estudio). Es una muestra sesgada (solo se investiga lo que ya parece anómalo) y debe leerse como lo que es: cuando la sospecha empresarial madura hasta investigarse profesionalmente, casi siempre tiene fundamento, y la prueba es obtenible.
3. Triangulación del coste por tres métodos
El método A (exceso estructural) parte de la serie de incidencia: 24,6‰ en 2019 frente a 37,9‰ en 2025. No existe una descomposición oficial de ese exceso: los factores epidemiológicos documentados (envejecimiento, salud mental, demoras asistenciales) explican una parte no cuantificada, y el resto es comportamiento. Aplicado al coste directo empresarial de la IT (16.011 M€ est. 2025) y atribuyendo al comportamiento entre el 30% y el 70% del exceso, resulta un coste de 1.700 a 3.900 M€ anuales para las empresas.3
El método B (brecha de incentivos) usa el RETA como contrafactual: si el asalariado se diera de baja como quien soporta su propio coste, incluso corrigiendo al alza la incidencia del autónomo por infradeclaración, entre el 47% y el 60% de los procesos del Régimen General serían sensibles a los incentivos, lo que situaría la cota superior en el entorno de 7.500-9.600 M€. Es el techo del fenómeno, no una estimación central.4
El método C (ausencias sin baja) añade la tercera capa: la diferencia entre la tasa de absentismo total (7,6%) y la de IT (5,95%), 1,65 puntos de las horas pactadas, corresponde a ausencias sin justificante médico, valorables en unos 12.800 M€, de los que una fracción minoritaria pero material es injustificada. Corrobora que el rango de los métodos A y B no está inflado.5
La síntesis de los tres métodos, expresada sobre el coste directo empresarial de la IT, define los tres escenarios de este estudio: conservador, 12% del coste de IT (~1.900 M€/año); base, 22% (~3.500 M€/año); alto, 35% (~5.600 M€/año). El anclaje de cada escenario es explícito: el conservador corresponde a la hipótesis prudente del método A; el base, a la hipótesis exigente del método A, corroborada por los métodos B y C; y el alto solo se alcanza si la brecha de incentivos del método B refleja la realidad; se presenta como límite superior. En prensa circulan cifras muy superiores (hasta 29.000 M€ de «pérdidas por bajas fraudulentas»; prensa económica, mar-2026) cuya metodología no es trazable; este estudio no las utiliza.
4. El coste de las bajas injustificadas para una empresa tipo
Aplicados los tres escenarios al coste de IT de los perfiles de empresa del bloque anterior, el coste anual estimado de las bajas injustificadas por empresa es el siguiente:6
| Perfil de empresa | Escenario conservador (12%) | Escenario base (22%) | Escenario alto (35%) |
|---|---|---|---|
| Pequeña (10-49 empleados) | ≈ 6.300 €/año | ≈ 11.600 €/año | ≈ 18.400 €/año |
| Mediana (50-249 empleados) | ≈ 31.600 €/año | ≈ 57.900 €/año | ≈ 92.100 €/año |
| Grande (250+ empleados) | ≈ 530.000 €/año | ≈ 970.000 €/año | ≈ 1,54 M€/año |
En el escenario base, una pyme mediana paga cada año por bajas injustificadas el equivalente al salario bruto de dos empleados a tiempo completo: un coste que hoy no puede ni medir ni recuperar.
5. Los mercados paralelos del control de la baja
La mejor prueba de que el problema es real y monetizable es que ya existe un mercado que vive de él. El sector de la investigación privada factura entre 120 y 140 M€ anuales con unos 1.500 detectives habilitados, y la verificación de bajas laborales ha pasado de suponer la mitad de los encargos a más del 80% de todas las investigaciones contratadas en 2024-2025. Las propias mutuas colaboradoras licitan públicamente estos servicios: solo en los concursos identificados de 2025, MAZ, Umivale Activa, Ibermutua y Mutualia adjudicaron más de 2,1 M€ en contratos de investigación de bajas.
La disposición a pagar está igualmente acreditada en el lado asegurador: el seguro de subsidio por incapacidad temporal, con el que autónomos y profesionales protegen sus ingresos ante la baja, es la modalidad del ramo de salud que más crece en primas (ICEA). El mercado del control de la baja existe, pero es caro (en torno a 70 €/hora de investigación, solo rentable frente a bajas largas) y actúa en modo reactivo, cuando el daño ya se ha producido. Está además fragmentado en despachos pequeños, y ninguno de sus actores transfiere el riesgo.
6. La empresa, atada de manos
El elemento que convierte este coste en un riesgo no gestionable es jurídico: ante la sospecha de una baja injustificada, la empresa no dispone de prácticamente ninguna herramienta. No puede saber: el diagnóstico es confidencial; la empresa conoce la fecha y la duración estimada de la baja, no su causa.
No puede despedir. El despido objetivo por faltas de asistencia (art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores) fue derogado en febrero de 2020. Y desde la Ley 15/2022, la enfermedad es causa autónoma de discriminación: si el trabajador aporta indicios de que su baja motivó el despido, la carga de la prueba se invierte y corresponde a la empresa demostrar una causa ajena. Si no lo logra, el despido no es improcedente (33 días por año) sino nulo: readmisión obligatoria, salarios de tramitación e indemnización por daños morales. Los Tribunales Superiores de Justicia ya aplican este test (Baleares 21/2025, Madrid 35/2025, Cataluña oct-2024). Despedir a un trabajador de baja, aun con sospecha fundada, es hoy una decisión de alto riesgo jurídico.7
No puede verificar. En contingencias comunes, la mutua solo puede formular una propuesta de alta al servicio público de salud (RD 625/2014), sin potestad de alta efectiva. El detective privado es legal como medio de prueba, pero su coste lo reserva a bajas largas y de alto impacto. Y mientras tanto, paga: subsidio de los días 4-15, complemento de convenio, cotizaciones durante toda la baja y sustitución del puesto.
El resultado es un coste anual significativo por bajas injustificadas (entre 6.000 y 18.000 € la pequeña; entre 32.000 y 92.000 € la mediana) que la empresa no puede medir, no puede verificar, no puede sancionar y no puede transferir. Ningún otro riesgo empresarial de esta magnitud permanece sin instrumento de cobertura.
3. Método A, supuestos: incidencia mensual ITCC del Régimen General de 24,6‰ (2019) y 37,9‰ (2025), serie PIT/AMAT; exceso = (37,9−24,6)/37,9 ≈ 35% de los procesos de 2025; coste directo empresarial de la ITCC de 16.011 M€ (estimación AMAT 2025); coste proporcional al número de procesos; fracción del exceso atribuida al comportamiento: 30% (hipótesis prudente) a 70% (hipótesis exigente). El resto del exceso se atribuye a envejecimiento, salud mental post-pandemia y otros factores epidemiológicos no conductuales.
4. Método B, supuestos: incidencia RETA 2025 de 10,1‰ como contrafactual de comportamiento sin cobertura del coste, corregida al alza hasta 15-20‰ por la infradeclaración del autónomo (que trabaja enfermo o no tramita bajas cortas); exceso resultante del Régimen General: (37,9−20)/37,9 ≈ 47% a (37,9−15)/37,9 ≈ 60% de los procesos, equivalentes a 7.500-9.600 M€ sobre el coste directo empresarial. Es una cota superior porque las poblaciones difieren en composición sectorial, edad y penosidad, y porque parte de la diferencia refleja infraprotección del autónomo, no sobreuso del asalariado.
5. Método C, supuestos: tasa de absentismo total del 7,6% y por IT del 5,95% en 2025 (The Adecco Group Institute); la diferencia (1,65 p.p. de las horas pactadas) se valora a coste proporcional sobre los 59.109 M€ del coste total (≈12.800 M€). Incluye permisos retribuidos y ausencias justificadas sin baja, por lo que solo una fracción (no estimable con precisión con datos públicos) es injustificada. Se utiliza como contraste de orden de magnitud, no como estimación central.
6. Escenarios aplicados sobre el coste anual de IT de cada perfil de la Tabla 1 (52.600 € / 263.000 € / 4,4 M€), redondeados. Los porcentajes proceden de la síntesis anterior: 12% ≈ escenario conservador (~1.900 M€ sobre 16.011 M€ de coste directo empresarial), 22% ≈ base (~3.500 M€), 35% ≈ alto (~5.600 M€).
7. A fecha de cierre del estudio (agosto 2026), el Tribunal Supremo no ha dictado aún unificación de doctrina sobre la calificación del despido durante la IT bajo la Ley 15/2022; el criterio descrito procede de la doctrina consolidada de los TSJ, que exigen indicios fundados de conexión entre la enfermedad y el despido (art. 30 de la Ley 15/2022) para desplazar la carga de la prueba a la empresa.